El 2 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad en las elecciones mexicanas. Dicho cambio, inscrito en el artículo 41 constitucional, entró en vigor al día siguiente, el 3 de junio, y obliga a las autoridades electorales a considerar esta nueva causa para anular comicios donde se compruebe la influencia externa en los resultados.
Causa de nulidad por intervención extranjera en elecciones
Con esta modificación, el Estado mexicano refuerza la protección de la soberanía electoral frente a posibles intromisiones foráneas que pudieran afectar la legitimidad de los procesos comiciales. El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deben adecuar sus respectivas normativas antes del 5 de junio de 2026 para alinearlas con esta nueva disposición constitucional.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales, tanto federales como locales, deberán revisar y actualizar sus reglas y procedimientos para garantizar que esta causal de nulidad sea aplicada correctamente en futuras elecciones.
Cambios simultáneos en el Poder Judicial y las candidaturas
El mismo 2 de junio, también fue publicada otra reforma que transforma el proceso de elección y renovación de jueces y magistrados federales y locales. Esta reforma establece que la votación para renovar estos cargos será simultánea el primer domingo de junio de 2028, bajo nuevas reglas que incluyen evaluación de candidaturas y paridad de género.
El INE será responsable de organizar esta elección judicial directa, con la participación del Senado, el Ejecutivo y la Suprema Corte quienes propiciarán y evaluarán candidaturas antes de someterlas a la decisión popular. Hasta esa fecha, los jueces en funciones continuarán en sus cargos, y los magistrados electos rendirán protesta ante el Senado en septiembre de 2028.
Finalmente, también se publicó una reforma para fortalecer la integridad de las candidaturas, que crea una Comisión de Verificación encargada de analizar perfiles de aspirantes a cargos públicos para detectar riesgos relacionados con posibles actividades delictivas. La comisión notificará a los partidos políticos sobre cualquier riesgo razonable sin especificar detalles, y los partidos decidirán sobre el registro de cada candidatura.
Esta normativa entrará en vigor el 3 de junio de 2026 y exigirá a partidos y candidatos establecer mecanismos para autorizar estos análisis de riesgo de manera voluntaria.
