El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó categóricamente la existencia de una “Ley Espía” en México, aclarando que la reforma recientemente aprobada en el Congreso no autoriza vigilancia masiva a través de plataformas digitales. La reforma tiene como objetivo facilitar el acceso a datos fiscales relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal.
No obstante, organizaciones civiles como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) manifestaron su preocupación sobre el artículo 30-B del Código Fiscal. Según estas agrupaciones, este artículo permitiría al SAT acceder en tiempo real a la información de los usuarios sin supervisión judicial, lo que podría generar riesgos asociados a la vigilancia estatal y la censura indirecta.
Además, el debate se intensifica ante la posibilidad de que la reforma permita el cruce y transferencia de datos entre distintas autoridades, lo que incrementaría los riesgos para la privacidad digital y la libertad de expresión. Estas inquietudes han generado un amplio debate público alrededor del equilibrio entre la protección del derecho fiscal y la defensa de los derechos digitales.
El SAT sostiene que la reforma es una herramienta para fortalecer la fiscalización efectiva y la transparencia, mientras que expertos y organizaciones defienden la necesidad de mayores garantías y límites claros para evitar abusos en el tratamiento de datos personales. El seguimiento a esta reforma será clave para conocer su impacto en la privacidad y la fiscalización en México.
