El 21 de octubre de 2025, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU presentó un informe ante la Tercera Comisión de la Asamblea General sobre la situación en México, activando el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional debido a la gravedad del problema. Esta medida excepcional busca una mayor supervisión y cooperación internacional ante la preocupante cifra de más de 133,000 desapariciones forzadas reconocidas oficialmente en el país.
El representante mexicano ante la ONU rechazó la decisión del Comité, calificándola de infundada y cuestionando su objetividad. A pesar de esto, México permanece bajo monitoreo constante desde 2012 y es el Estado con mayor seguimiento internacional en materia de desapariciones forzadas. El Gobierno ha mantenido en confidencialidad la información entregada al Comité desde entonces.
El informe y la activación del procedimiento reflejan preocupaciones internacionales sobre la eficacia de las acciones gubernamentales para combatir las desapariciones forzadas y proteger los derechos humanos. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de transparencia y colaboración para atender esta problemática que afecta a miles de familias.
La controversia entre el Gobierno mexicano y la ONU subraya la complejidad del tema y la importancia del diálogo abierto para avanzar en soluciones reales. Este caso continúa siendo un punto focal en la agenda de derechos humanos a nivel global, con implicaciones para México en su compromiso con la comunidad internacional.
