La infraestructura en la Educación Media Superior (EMS) en México presenta desigualdades significativas que afectan a miles de estudiantes, según datos del Monito Educativo publicados en enero de 2026. Según este diagnóstico, solo el 71.6% de los planteles cuenta con agua potable y el 63.4% dispone de servicios básicos completos, lo que expone a más de un tercio de las escuelas a condiciones insuficientes para el desarrollo escolar.
Además, el acceso a recursos para el aprendizaje también es limitado. Solo alrededor del 47% de los planteles tiene internet para uso pedagógico, y aunque dos terceras partes disponen de computadoras, su número resulta insuficiente frente a la matrícula y los requerimientos curriculares. La infraestructura adaptada para personas con discapacidad alcanza únicamente al 33.7% de las escuelas, mientras que materiales accesibles son prácticamente inexistentes.
Estas diferencias se manifiestan en la fragmentación y segmentación del sistema, donde planteles tecnológicos federales cuentan con mejores talleres, laboratorios y conectividad, mientras que bachilleratos estatales generales carecen de estas facilidades. La oferta educativa depende en gran medida de la localización geográfica, el tipo de plantel y el subsistema, más que del derecho educativo universal.
En respuesta, las políticas educativas han apostado por la expansión de bachilleratos tecnológicos federales, reconversión de secundarias en bachilleratos y modalidades como el ciberbachillerato, sin embargo, la falta de coordinación entre federación y estados genera intervenciones fragmentadas y dispares. La desigualdad en la infraestructura limita los derechos y oportunidades educativas, poniendo en riesgo el presente y futuro de los jóvenes en Educación Media Superior.
